El Ministerio de Agricultura, a través de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA), ha propuesto que se consolide la reducción base del 10% para todas las líneas de seguros agrarios. Esta medida, que estaría incluida en el 39º Plan nacional de seguros agrarios, ha provocado el rechazo frontal de sindicatos como UPA (Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos) que consideran que supondría “dar la puntilla a un sistema que ya de por sí excluye a muchos productores por su alto coste”.
Para UPA este recorte ahonda los sufridos los últimos años, lo que dificultará que los agricultores y ganaderos contraten una póliza. Asimismo temen desde este sindicato agrícola que se genere un colapso de la contratación que expulsará a un gran número de usuarios del sistema.
Acusan desde UPA a la ministra de Agricultura Isabel García Tejerina de no cumplir sus afirmaciones, ya que en reiteradas ocasiones ha sentenciado que lo que es asegurable no es indemnizable, y que los seguros agrarios son la mejor garantía para el sector primario. “Tristemente constatamos que los políticos, una vez más, dicen una cosa y hacen la contraria”, han lamentado desde UPA, desde donde se considera el recorte “ilógico e incongruente” con la posición de la titular del Ministerio.
Encarecimiento de las pólizas
Asimismo, desde esta organización temen que el recorte nacional conllevará a su vez recortes de algunas de las subvenciones autonómicas, que se establecen en algunos casos a través de un porcentaje de las que otorga el Ministerio de Agricultura, por lo que el encarecimiento de las pólizas sería aún mayor.
Además el anuncio de este recorte llega en un año marcado por la sequía en toda España y que ha provocado un año catastrófico en los cultivos. Cabe apuntar que a raíz de esta situación meteorológica y el impacto del cambio climático en la rentabilidad de las explotaciones agropecuarias, el incremento de la percepción del riesgo está en máximos.
Inyección pública de capital
La solución a juicio de este sindicato pasa por destinar al menos 265 millones de euros al año para financiar un sistema de seguros que durante años ha sido envidiado por el resto de países europeos. También UPA propone que no se contabilice el apoyo a la retirada de cadáveres y que se establezca una modulación sobre las subvenciones de tal modo que reciban más ayuda aquellas explotaciones que más lo necesiten, y no sólo las más grandes.
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