El nuevo texto establece aspectos relativos a los sistemas de gestión y control de la PAC para permitir una aplicación homogénea en todo el territorio y modifica aspectos de las leyes de sanidad vegetal y animal en relación al uso sostenible de los productos fitosanitarios y el empleo prudente de los antimicrobianos.
El Consejo de Ministros, ha aprobado en junio de 2022 el proyecto de ley que establece las normas para la aplicación de la nueva Política Agraria Común (PAC) en España, como los sistemas de gestión y control, entre otros aspectos, con el objetivo de posibilitar una aplicación homogénea de ésta en todo el territorio nacional.
La PAC va a acometer una importante reforma en el año 2023 al objeto de estar más centrada en los resultados y orientada al mercado. Una PAC más justa, más social y más medioambiental, con una mejor redistribución de las ayudas para impulsar la agricultura familiar y profesional.
La nueva PAC otorga una mayor subsidiariedad a los Estados miembros, que han tenido que diseñar, sobre la base de su situación y necesidades específicas, sus propias intervenciones que permitan alcanzar las metas que se definan en el marco del Plan Estratégico de la PAC 2023-2027.
Este cambio de orientación hace necesario disponer de las adecuadas herramientas que permitan una aplicación armonizada de todas las medidas en el territorio nacional. Por ello, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación coordina la puesta en marcha de sistemas eficaces de gestión y control, y que su aplicación sea homogénea en todo el territorio nacional, y evitar cualquier situación discriminatoria de los beneficiarios, y todo ello garantizando siempre el cumplimiento de la normativa de la Unión Europea en el marco de la PAC.
La mayor subsidiariedad a los Estados miembros ha originado que determinados aspectos que anteriormente estaban regulados en la reglamentación comunitaria se deban desarrollar ahora mediante normas nacionales, como es la aplicación de penalizaciones y sanciones en el caso de que los beneficiarios no cumplan las condiciones y obligaciones establecidas para el acceso a cada una de las futuras intervenciones del Plan Estratégico Nacional.
Otro aspecto reseñable es la necesidad de garantizar la protección de los intereses financieros de la Unión Europea, por lo que es necesario establecer un
marco nacional de actuación para aquellos casos en los que pudiera producirse cualquier pago indebido a los beneficiarios al objeto de alcanzar una aplicación homogénea en el territorio nacional, y facilitar a la vez la actuación de las administraciones competentes en la lucha contra el fraude.
En el marco de las actuaciones para ajustar la normativa a algunas de las reformas introducidas en el Reglamento de la Organización Común de Mercados Agrarios (OCMA) y para dar cumplimiento a los objetivos de la PAC, tales como la conservación de la biodiversidad, o los objetivos establecidos en la Estrategia Europea “De la granja a la mesa” para un sistema alimentario justo, saludable y respetuoso con el medio ambiente, se regula el régimen sancionador en otras materias agrarias conexas con la PAC.
Tras esta primera fase de alegaciones, este proyecto de ley inicia ahora su tramitación parlamentaria con el objetivo de que se pueda publicar en el comienzo del año 2023, de tal manera que los agricultores y ganaderos puedan conocer el contenido de la misma antes de presentar su solicitud única de ayudas de la campaña 2023.
Fuente: sala de prensa web MAPAMA.